Excontralora de SESVER aparece en reuniones con empresario investigado por presuntas irregularidades en contratos del INE
Enma Patricia García Rodríguez, excontralora de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), aparece entre las personas que asistieron a reuniones con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, investigado por presuntas irregularidades relacionadas con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con una investigación periodística publicada por Reforma el 22 de octubre.
García Rodríguez trabajó en SESVER durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez y dejó el cargo en febrero de 2025. Posteriormente, se incorporó al INE, donde asumió la Dirección de Recursos Financieros.
Su trayectoria en el organismo de salud estatal estuvo rodeada de señalamientos por presuntos actos de corrupción. En 2025, trascendió la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz contra exfuncionarios de SESVER, por posibles delitos como abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
Meses después, García Rodríguez llegó al órgano electoral. La publicación de Reforma, acompañada de fotografías y videos, documentó reuniones entre funcionarios y exfuncionarios del INE y Hernández Casillas, entre cuyos asistentes se encontraba la excontralora veracruzana.
Sin embargo, la investigación citada no le atribuye directamente participación en las presuntas irregularidades relacionadas con el empresario; únicamente la ubica entre las personas que acudieron a esos encuentros durante el periodo en que encabezó la Dirección de Recursos Financieros.
Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales, incluida la impresión de boletas, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas irregularidades. También se le ha señalado por su cercanía con Guadalupe Taddei, expresidenta consejera del INE.
De acuerdo con los señalamientos difundidos, el empresario estaría relacionado con una red de compañías que presuntamente simulaban competencia para obtener contratos del organismo electoral. Estas acusaciones forman parte de las investigaciones y señalamientos reportados, por lo que no deben interpretarse como responsabilidades acreditadas judicialmente.
