Trabajadores del Poder Judicial rechazan evaluaciones que podrían afectar su estabilidad laboral
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron en Xalapa para expresar su rechazo al nuevo esquema de evaluación de desempeño, pues consideran que las calificaciones otorgadas por sus superiores podrían utilizarse posteriormente para justificar despidos, cambios de adscripción o la pérdida de plazas.
Jennifer Ordóñez Villalobos, delegada del Sindicato Nacional de Renovación en Xalapa, Emiliano Zapata y Villa Aldama, cuestionó que los titulares de los órganos jurisdiccionales tengan la facultad de evaluar al personal, al advertir que este mecanismo podría dar lugar a decisiones subjetivas.
La representante sindical aclaró que los trabajadores no se oponen a presentar exámenes para demostrar sus conocimientos y capacidades, pero insistió en que los resultados no deben convertirse en una herramienta de presión o castigo laboral.
Primera evaluación será diagnóstica
La inconformidad se produjo después de que el 5 de noviembre se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que establece el nuevo procedimiento de evaluación del personal judicial.
La primera aplicación está prevista para diciembre de 2026 y tendrá carácter exclusivamente diagnóstico, por lo que no implicará despidos ni cancelación de plazas, según lo informado por el Órgano de Administración Judicial.
Sin embargo, el sindicato manifestó preocupación por las evaluaciones ordinarias que se realizarán posteriormente y pidió modificar las disposiciones que permitan relacionar las calificaciones con decisiones laborales, como separaciones del cargo, cambios de adscripción injustificados o pérdida de plazas.
Ordóñez Villalobos también demandó respetar las garantías laborales contempladas durante la reforma judicial, incluidas las condiciones generales de trabajo y las disposiciones del artículo décimo transitorio.
Como alternativa, propuso que las evaluaciones sirvan para identificar necesidades de formación profesional y que las áreas de oportunidad se atiendan mediante programas de capacitación, sin poner en riesgo la continuidad laboral de quienes obtuvieron sus plazas mediante procedimientos legales.
Finalmente, los trabajadores solicitaron al Órgano de Administración Judicial establecer garantías para evitar que el nuevo mecanismo se utilice como instrumento de presión o represalia contra el personal.
